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Comunidades Nahuas Asediadas por Cártel

Sixto Mendoza Limpia no sale de su ciudad natal desde hace 10 años. Teme que lo maten si sale de la zona que vigila como miembro de la CRAC-PC, un grupo armado que defiende a las comunidades indígenas. Muchos pobladores nahuas de la Montaña Baja de Guerrero, como Mendoza, casi ya no salen de sus comunidades por temor. Los Ardillos, un cártel que controla mediante la extorsión, ha matado a decenas de colegas de Mendoza desde 2010. Los residentes han creado una frágil paz en sus pueblos, a costa de enfrentarse a la muerte si abandonan la pequeña zona que mantienen asegurada. 

Pobladores nahuas en un retén de la CRAC-PC en Alcozacán 

Antonieta Santos vive en la comunidad de Xochitempa y es viuda. Su esposo fallecido, Salvador Reyes, era secretario de la comunidad hasta ser calcinado el 28 de abril al salir de su pueblo.

"Fue a Atzacoaloya, según que fue a vender leña. Pero lo agarraron y lo mataron en la carretera a Tlapa... Lo quemaron con su camioneta - su cuerpo lo dejaron," dijo Santos. 

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Antonieta Santos, su hija y madre

El 13 de agosto, dos hombres nahuas de Xochitempa fueron acribillados en una gasolinera de Chilapa de Álvarez. El 18 de agosto, desaparecieron tres jornaleros que regresaban a casa de trabajar en el campo de Sinaloa. Posteriormente, el Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPO-EG), la policía CRAC-PC e integrantes de diversas comunidades nahuas instauraron un bloqueo sobre la carretera en Alcozacán para exigir la seguridad y justicia a la gobernadora de Guerrero.

La Policía Estatal de Guerrero llegó a Alcozacán a levantar una denuncia

La mayoría de los pobladores de Alcozacán (1.100 habitantes) y sus diez comunidades circundantes practican la agricultura de subsistencia, ya que a menudo es demasiado peligroso vender sus productos. Los maestros llegan a Alcozacán tres veces por semana, no existen servicios de salud y las carreteras están en deterioro. El pueblo se volvió viral en redes en 2021 por armar a algunos de sus niños contra el crimen organizado. Tiene su propia policía comunitaria, parte de la CRAC-PC. El objetivo es mantener alejado al Cártel de los Ardillos.

Sixto Mendoza Limpia, promotor delegado del Concejo Nacional Indígena (CNI), es padre soltero de un niño de 12 años en Alcozacán. Solía ser camarero en Ixtapa, pero  ante la narcoviolencia, no ha abandonado su comunidad en más de diez años. Aseguró que la policía comunitaria fue creada por la necesidad de defender a las familias.

 

"Ya nos estaban invadiendo la delincuencia organizada. Ya nos estaban cobrando cuotas... Por eso, el pueblo se enfadó y decidió levantarse en armas para no ser parte de esos esclavos de la delincuencia organizada," declaró Mendoza.

Mendoza dijo que el mayor problema en su pueblo es la inseguridad. Es arriesgado para que los pobladores lleven sus cultivos al tianguis en Chilapa, la cabecera municipal. Asimismo, suele ser peligroso transportar recursos hacia la comunidad. Algunas mercancías llegan de noche para evitar ser detectadas por el Cartel de los Ardillos.

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Policías comunitarias de la CRAC-PC en el tramo Chilapa-José Joaquín Antonio de Herrera

La policía comunitaria trabaja sin paga y en su mayoría porta escopetas. Por otro lado, sus enemigos, Los Ardillos, disponen de equipo táctico y armas automáticas. Los integrantes de la policía comunitaria brindan servicio las 24 horas del día durante un año. Luego se toman un descanso de cuatro años. Se cambian cada año, pero se activan todos si hay un tiroteo.


La policía comunitaria de Alcozacán ha sostenido tiroteos desde 2010. "Hemos tenido muchos enfrentamientos de la delincuencia organizada - quieren entrar a nuestras comunidades o nos quieren someter para trabajar con ellos", dijo el delegado del CNI. 

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Una balacera ocurrió a kilómetros de Alcozacán 

La última refriega tuvo lugar en junio de 2022 y duró 15 días. Cuando Los Ardillos atacaron la comunidad de Tula -hogar de 30 familias- Alcozacán entre otras comunidades se movilizaron para repeler a los delincuentes.

 

Los Ardillos comenzaron a irrumpir en Tula en 2019. Cada vez que los delincuentes abrían fuego desde los cerros, la policía comunitaria repelía los ataques hasta que llegaban las fuerzas del gobierno y Los Ardillos se retiraban. Sin embargo, la Guardia Nacional no se instaló en Tula hasta el año pasado, después de que la policía comunitaria lograra sacar al cartel durante el tiroteo de 15 días.

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Un integrante de la CRAC-PC con 18 años de edad. A los 15, ya participaba en los tiroteos en Tula

Un padre de familia de Tula, que teme represalias, dijo que estaba detrás de su tinaco cuando una bala impactó la pared de su casa. Ha perdido a tres hijos a causa de la violencia y declaró que las autoridades de la región coluden con la delincuencia organizada.

 

"En 2019 perdí uno - el primero. El segundo - en 2022 - me lo detuvo el comandante de Atlixtac [policía municipal]. La fiscalía no quiso ser responsable... se vendió con ellos pues. Ahora en este noviembre 2022, me lo mataron a otro en Chilapa," expresó el papá y abuelo.

Dijo que la policía de tránsito de Chilapa tienen fichadas a personas buscadas por el cártel, y que las fuerzas de seguridad ya han entregado a varios sujetos a bandas delictivas. El padre dijo que los hijos que les quedan han abandonado la región para trabajar en otras ciudades.

 

"¿Para qué voy a salir? Aquí vivo. Aquí están mis nietos... mis sobrinos. Aquí nos estamos apoyando de lo que podemos. Tenemos que apoyarnos porque si nos dejamos, claro que a ellos les gusta pues," dijo.

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Huellas del enfrentamiento en Tula

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Un buho colgado en un reten de la CRAC-PC en el tramo Chilapa-José Joaquín de Herrera

Hoy en día en Tula, Alcozacán y las comunidades vecinas, los niños pueden salir a jugar afuera. Aunque algunos, como una huérfana de 14 años cuya padre fue baleado el noviembre pasado en Chilapa, deben cuidar de sus hermanas menores. La frágil paz sólo es posible debido a los policías comunitarios que blindan la zona.

 

Sixto Mendoza Limpia dijo que le ha enseñado a su hijo cómo defenderse. También dijo que quiere que los estudiantes puedan estudiar y tengan acceso a estudios de nivel superior en Alcozacán. "No podemos salir de nuestra comunidad al municipio porque la delincuencia nos ha emboscado o nos está esperando en la ciudad," dijo Sixto Mendoza, explicando por qué será imposible que su hijo estudie en Chilapa.

 

La primaria adquirió recientemente Internet y una computadora dotados por el gobierno municipal. Cuando no está en uso, Mendoza envuelve el teclado con la bolsa de plástico en la que vino el aparato.

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Sixto Mendoza quiere instalar una estación de radio que transmita desde la primaria de Alcozacán para la comunidad nahua.

Mendoza dijo que Alcozacán necesita que vengan ingenieros agrónomos para ayudar a los pobladores a producir sus propios abonos. También recalcó que hace mucha falta una clínica para atender a los enfermos y dar a luz.

 

Sobre todo, Mendoza busca que la policía comunitaria reciba un salario del municipio. "A nosotros no nos corresponde la seguridad, pero vemos que el gobierno no puede con tantos grupos delictivos... por lo mismo el pueblo decidió en levantarse para evitar la violencia en nuestra comunidad," dijo Mendoza.

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